Estado Laico

El estado laico se encuentra en el centro de muchos debates de nuestra sociedad. La presencia de elementos culturales religiosos en la vida cotidiana y diversas formas de religión civil.

Ahora bien, podemos confirmar que hay varias razones que ligan estrechamente al estado laico con muchas de esas reformulaciones de la libertad  y los nuevos derechos. La principal es por la obligación del estado moderno de preservar la libertad de conciencia, frente a cualquier amenaza que atente contra ella. Esta obligación como ya vimos antes, surge de la convicción de que nadie  puede ser obligado a creer en algo por la fuerza, siendo entonces necesario respetar las creencias de cada individuo. Lo anterior es resultado entre otras  cuestiones del proceso de pluralidad religiosa y de la necesidad de construir un estado que garantice a todas y todos los ciudadanos la posibilidad de creer  o no creer. La consecuencia  de ello es que, en la medida que no se afecte ni el orden  ni la moral pública (que en ocasiones, hay que admitirlo, es difícil de definir), ni los derechos de los terceros, también se convierte en obligación del estado garantizar el derecho de todad7os incluidas las minorías, de vivir y practicar las acciones de acuerdo con su forma de ser, sus creencias o referencias de todo tipo.

La segunda razón por la que la laicidad se relaciona con nuestros derechos y por lo tanto con los debates actuales, es que la libertad de conciencia genera inevitablemente una pluralidad de creencias, las cuales pueden ser o no religiosas, pero que obligan a la realización de cada una de las creencias en el ámbito  público y a la generación de normas morales  y de conductas aceptables a todos, ajenas a una doctrina religiosa especifica y por lo tanto seculares o laicas. El respeto a la libertad de conciencia y la inevitables pluralidad de creencias  ha conducido entonces a la formación de un estado publico secularizado (recordemos el caso de las universidades, los hospitales, los centros de investigación que requieren una autonomía para trabajar) en un principio ajeno a la influencia de las doctrinas religiosas y basado en una moral pública decidida  por la voluntad popular en función del interés público.

La tercera razón por la que el estado laico está ligado a las libertades es porque la fuente de legitimidad del estado ha cambiado.

Las agrupaciones religiosas ya no son las que pueden influir sobre la conformación de las leyes o definir las políticas públicas. Estas por el contrario  son definidas por el pueblo, a través de sus formas de representación, particularmente las parlamentarias

Desde esa perspectiva, la soberanía popular, en el respeto de los derechos humanos de mayorías y minorías, es la única que puede definir, a partir de un cierto momento lo que es válido de lo que no lo es, lo que es permitido de lo prohibido. De esta manera muchos de estos nuevos derechos, más allá de su existencia innata pueden ser reconocidos, defendidos y garantizados en la medida que la voluntad popular o los magistrados y los tribunales, así lo decidan. Es en  este punto donde encontramos la cuestión de la moral pública y su definición, siempre dinámica en la medida que las costumbres de los pueblos se modifican  y varían con el tiempo. Muchas cuestiones que antes eran prohibidas (un beso en la calle, el desnudo público, la convivencia entre homosexuales) ahora se permiten, porque precisamente la moral pública ha cambiado.

Pero hay dos aspectos que modifican completamente la definición de esta moral pública en una sociedad secularizada y en un estado laico: en primer lugar en virtud del creciente papel de la libertad de conciencia, es decir de la facultad de decidir lo que es bueno y lo malo a partir de una relación directa con Dios y  ya no necesariamente a través de la intermediación eclesial (en el caso de los creyentes), la moral pública  ya no  puede estar definida por una jerarquía su interpretación de las doctrinas. Si a esto agregamos que además, por efectos de la pluralidad, ya no hay una sola doctrina religiosa o filosófica exclusiva, esta moral debe ser producto de un nuevo consenso social.

En segundo lugar, las y los legisladores y los funcionarios/as públicas, si bien tienen todas sus creencias personales (religiosas o de otro tipo), no deben ni pueden imponerlas al conjunto de la población. Legisladores y funcionarios deben responder esencialmente al interés público, que puede ser distinto a sus creencias personales. Así como por ejemplo un legislador/as puede no estar de acuerdo con el uso del condón, pero está obligado a emitir leyes que permitan y  promocionen incluso el uso del mismo, para evitar que el sida se convierta en una epidemia y por lo tanto en un problema de salud pública. De la misma manera, un legislador/as puede no estar de acuerdo con el aborto bajo ciertas circunstancias, pero la salud pública obliga a que el estado atienda un problema existente como es el de los abortos que se hacen clandestinamente en condiciones de insalubridad que provocan numerosas muertes entre mujeres que lo practican.

Por este conjunto de razones se vuelve más evidente que la defensa del estado laico es central para defensa de las libertades civiles, así como viejos y recientes derechos generados por las nuevas situaciones sociales por ejemplo los nuevos descubrimientos científicos o la cambiante posición social de las mujeres.

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